Un Liberticida Refinado

El Telégrafo diario gobiernista por excelencia exhibe diariamente en sus páginas editoriales ataques liberticidas de toda clase. Castrochavismo, marxismo-leninismo, antiimperialismo y progresismo todos unidos en contra de la libertad.

Existe un articulista bastante singular, Xavier Flores Aguirre; este a diferencia de sus colegas algo entiende del liberalismo, las conclusiones que saca son más o menos erróneas pero por lo menos indaga en el tema y no se remite solamente a los panfletos del MPD y la Biblia del Idiota.

En un artículo titulado El Rol del Estado intenta equiparar los ataques a los derechos de las personas por parte del Estado con el de la empresa privada a continuación mi réplica:

Pertenece al liberalismo clásico una idea que se la ha repetido (usualmente, sin reconocimiento de su origen doctrinal) en el debate sobre la ley de comunicación: la idea de que solamente el Estado, mediante su monopolio del uso legítimo de la fuerza, puede atacar los derechos de las personas. Replicaré esa idea, en esencia, con tres argumentos:

1) No es cierto que solamente el Estado puede atacar los derechos de las personas porque las empresas también pueden hacerlo. Las empresas son entidades (a pesar de la profunda aversión de los liberales clásicos a la planificación) de elaborada jerarquía y planificación que pueden oprimir los derechos fundamentales de las personas mediante la imposición de la voluntad del empresario a sus trabajadores, los procesos de contratación discriminadores, las políticas de “movilidad laboral”, etc. La pobre excusa de que tales situaciones suceden por el “libre acuerdo entre las partes” solo sirve para esconder, la mayoría de las veces, la profunda asimetría de ese supuesto acuerdo y para revelarnos el escaso concepto de libertad que los liberales clásicos postulan.

Sobre la supuesta aversión a la planificación, se equivoca. El liberalismo no es contrario a la planificación económica de individuos y empresas (calculo económico). Este es muy diferente de una planificación central de toda la economía por parte de unos burócratas con sobredosis de autoestima que creen que pueden suplir con planes quinquenales las millones de interacciones económicas entre los individuos. A esta actitud constante en los colectivistas que llegan al poder Hayek la llamó acertadamente la “Fatal Arrogancia” .

Se mofa “libre acuerdo entre las partes” pero esto es fácilmente rebatible, pongo un ejemplo: el chino que acepta el trabajo por un sueldo miserable en una maquila de una multinacionales no es porque es tan bruto que deja atrás la mansión y las riquezas que le dejo el socialista Mao sino porque la otra opción como seguir desempleado o en la informalidad es muchísimo peor. Esto lo demuestra Johan Norberg en su documental “La Globalización es Buena”.

Sobre la supuesta relación asimétrica empleador-empleado se olvida que nadie obliga al empleado a aceptar el trabajo. Si alguien lo hace aduciendo que las circunstancias lo presionan es porque la alternativa es mucho peor. La situación de desesperación laboral es más grave en países tercermundistas donde existe un apartheid laboral creado por el mismo intervencionismo estatal.

Aparentemente el autor es aficionado a las novelas de Dickens y la grandes producciones de Hollywood donde se retrata al empresario como el malvado explotador y al burócrata como el héroe y no se ha enterado que hoy existe el ranking de "La mejor empresa para trabajar" donde los propios empleados votan para demostrar lo contentos que están al ser parte de las mismas.

2) No es cierto que solamente la presencia del Estado puede atacar los derechos de las personas porque también su ausencia puede resultar injusta y opresiva. Los liberales clásicos se preocupan de los daños directos a sus derechos, en particular, de los patrimoniales (por ejemplo, el que una persona robe a otra o que el Estado la expropie sin justa causa) pero se despreocupan de la situación de desventaja social en la que se encuentran muchas personas de la sociedad (en sociedades latinoamericanas, la mayoría) que no tienen acceso a educación, salud, alimentación adecuada o vivienda digna. Desde finales del siglo XIX en que se origina el llamado Estado social de derecho (a despecho de los liberales clásicos y, en particular, exitoso en Europa occidental) se ha advertido que la ausencia del Estado es la que permite esas injusticias y se ha procurado su intervención para paliarlas.

Parte el auto de la falacia que una empresa debe tener conciencia social cuando esta existe principalmente para generar utilidades para sus accionistas, son estos accionistas quienes deben decidir que hacer con el dinero de la empresa. Si deciden destinar parte del dinero a una fundación sin fines de lucro pues bienvenido sea. Es común hoy que empresas realicen actos solidarios y caritativos usando su dinero para muestra en el país operan las fundaciones de Supermaxi, Movistar, Diners Club, etc.

Segundo a ninguna empresa le favorece que el país donde opera este lleno de pobres e ignorantes pues estos son potenciales clientes y por lo tanto mayores ingresos. Si algún empresario piensa lo contrario es un pésimo empresario o posiblemente tenga el mercado totalmente cautivo gracias a su conexión política (mercantilismo).

El problema del colectivismo es que ve en toda necesidad un derecho, al sector privado como el mejor postulante para financiarlo y a la violencia estatal redistributiva para llevarlo a cabo.

3) No es cierto que la presencia el Estado siempre ataque los derechos de las personas; los propios liberales clásicos le reconocen al Estado un papel de garante y protector del derecho de propiedad, mediante un sistema penal y de policía funcional a ese propósito. En realidad, los liberales clásicos no rechazan la presencia de un Estado fuertemente activo per se, sino la presencia de un Estado fuertemente activo en el área económica, lo que equivale a sancionar como justa la distribución asociada al mercado (como crítica, v. el punto anterior).

Efectivamente en una sociedad como se la imaginan los liberales clásicos una empresa podría atacar los derechos naturales de sus empleados solo hasta que la justicia les alcance, no más. Incluso partiendo del supuesto que la gente fuera tan pendeja para seguir aceptando el maltrato por un largo periodo de tiempo y no se sacudiera y buscaría otro trabajo o iniciaría un negocio propio.

Finalmente, para el ámbito específico de la discusión del proyecto de Ley de Comunicación, la idea de que solamente el Estado podría violar el derecho a la libertad de expresión no se sostiene (ni conceptualmente, como arriba referido) ni desde la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 13.3 establece que no se puede "restringir el derecho de expresión" mediante "el abuso de controles […] particulares", lo que implica, necesariamente y de acuerdo con ese instrumento internacional, la intervención estatal para impedir que ese abuso de los particulares suceda.

Por otro lado el Estado constantemente ataca los derechos naturales del hombre (vida, propiedad y libertad) y el ciudadano de a pie no puede decir nada pues vivimos en "democracia" y es cuestión de lo que la mayoría quiera.

Si existen controles particulares a la libertad de expresión la solución no es controles estatales que tendrán fines políticos sino incrementar la cantidad de medios. Esto va por buen camino, los blogs y twitter y en general el Internet hacen posible que mayor cantidad de información este disponible al público. El Estado solo restringirá la libertad de expresión a su antojo.